Ciudad de México / Washington D.C. (RRC): El empresario Ricardo B. Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, presentó este martes una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, al que acusa de ejercer una persecución política sistemática en su contra desde el año 2023.
La acción, que escala a nivel internacional el prolongado conflicto fiscal que el magnate mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde hace más de 15 años, fue anunciada y ejecutada por el propio Salinas Pliego durante una reunión en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión del organismo.
En el expediente entregado, Grupo Salinas argumenta que el Estado mexicano ha implementado una estrategia coordinada de persecución fiscal, judicial y administrativa con el objetivo de restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público, en clara violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Entre los cuatro ejes principales que detalla la denuncia se encuentran:
- Criminalización de la crítica: Uso de medios públicos, vocerías oficiales y más de 300 conferencias matutinas para dañar la reputación del empresario y de sus empresas.
- Hostigamiento administrativo: Auditorías excesivas que, según el documento, se duplicaron durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
- Captura del Poder Judicial: Referencia a la reciente reforma judicial que, a juicio del grupo, debilita la independencia de los tribunales.
- Uso político del aparato fiscal: A pesar de la disposición manifestada para resolver las obligaciones tributarias conforme a derecho, el Estado habría respondido con negativas y tratos discriminatorios, con un fin calificado como “coercitivo y no recaudatorio”.
La presentación de la denuncia ocurre días después de que la Secretaría de Hacienda fijara el monto definitivo que Salinas Pliego debe cubrir al SAT —alrededor de 51 mil millones de pesos (aproximadamente 2,500 millones de dólares al tipo de cambio actual)—, correspondiente a adeudos fiscales que datan desde 2007. El empresario perdió en noviembre de 2025 los últimos recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió en contra de Grupo Salinas en todos los casos pendientes.
A través de su cuenta en X, Salinas Pliego publicó tras la reunión:
“Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que Grupo Salinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del GobiernoMX: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”.
El conglomerado solicita que la CIDH declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición, con el fin de restaurar la independencia judicial, proteger el derecho de propiedad y salvaguardar la libertad de expresión en el país.
Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Hacienda han emitido una respuesta oficial respecto a la denuncia presentada ante la CIDH. Sin embargo, el Gobierno federal ha sostenido en múltiples ocasiones que los créditos fiscales contra Grupo Salinas corresponden a auditorías legales y que el cobro busca recuperar recursos públicos adeudados desde hace años.
El caso, uno de los más mediáticos y simbólicos del enfrentamiento entre grandes empresarios y la administración pública en México, ahora ingresa a una nueva fase en el ámbito interamericano, donde la Comisión deberá determinar si admite la petición para su estudio de fondo.
